Descarbonizar la movilidad compete a la ciudadanía en su conjunto, a las administraciones y, por supuesto, a todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector de actividad. Los trabajos que ya están acometiendo para conseguirlo centraron la primera mesa del II Foro MOVE de Movilidad Sostenible impulsado por ALD Automotive.
Además de infinidad de cosas sobre las capacidades casi ilimitadas de los algoritmos, la economía de la atención –y lo que la estamos perdiendo– y el enganche que nos producen los vídeos cortos, en los últimos años TikTok nos ha enseñado algo incuestionable: nos gusta ver a la gente bailar. Ya sea la última canción de moda, el reto viral del momento, incluso en contextos bélicos, hay algo hipnótico en ver a gente que danza a la vez.
Como si fuera la coreografía de Despechá, millones de personas se mueven cada día de casa al trabajo y viceversa. Los más afortunados recorren unos pocos kilómetros que pueden incluso hacer a pie o en bici; los menos, hasta cambian de provincia. De hecho, en este último grupo se encuentran más de 630.000 personas. Hay muchas formas de desplazarse hasta el entorno laboral, incluyendo opciones públicas y privadas, individuales y colectivas o facilitadas por la propia empresa. Sin embargo, sucede algo que ya comentaba Goethe en un tiempo en el que no había ni TikTok, ni metro abarrotado ni A-6 en hora punta: «con los negocios sucede lo mismo que con el baile: es indispensable que las personas bailen al mismo compás».
Con la emergencia climática exigiendo un ritmo de respuesta cada vez más acelerado, lograr que los movimientos estén sincronizados no es sencillo. Más aún cuando hay tantos bailarines en el escenario: según la actualización del Directorio Central de Empresas (DIRCE) recogido por el INE, en España hay casi tres millones y medio de empresas.
«La movilidad no es solo el sector del automóvil, sino que implica a todos los agentes de la sociedad y, por supuesto, también a las organizaciones», introducía Antonio Cruz, subdirector general de ALD Automotive para abrir el debate en la primera mesa del II Foro MOVE de Movilidad Sostenible impulsado por la compañía. Tras el éxito de la primera edición, que logró reunir a más de treinta expertos en cuatro encuentros, las compañías -sus inquietudes, retos, compromisos y desempeños- fueron las protagonistas del regreso de este foro.
Bajo el título Las empresas y el impulso de la movilidad sostenible, durante la jornada se abordaron cuestiones como la renovación de flotas, el reparto de mercancías o las nuevas formas de flexibilidad laboral. «Las compañías que nos dedicamos al sector de la movilidad somos un agente facilitador, pero esto es un reto global que tenemos que abordar como país. Nosotros podemos, y queremos, hacer mucho: tenemos una responsabilidad para rejuvenecer el parque de vehículos y ayudar en la transición energética minimizando los riesgos para nuestros clientes e impulsando nuevas formas de movernos con una visión de 360 grados que vaya más allá de modelos corporacéntricos basados exclusivamente en las flotas», insiste Cruz.
Nuevos contextos, nuevas leyes
Además del tempo de un planeta que se calienta cada vez más rápido con consecuencias irreversibles, el ecosistema legislativo también cambia para adaptarse a la realidad climática, social y corporativa. El pasado mes de diciembre, el Consejo de Ministros validó el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que será remitido a Cortes para su tramitación y aprobación, en principio, hacia finales de 2023.
Una de sus claves principales es que considera y regula la movilidad como un derecho que la Administración debe facilitar a toda la ciudadanía. Así, se distinguen los conceptos de transporte y movilidad, que con frecuencia se consideran equivalentes: la movilidad se centra en los ciudadanos, mientras que el transporte es el medio por el que acceder a ella. Bajo esta premisa se crea tanto el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible u organismos como la Conferencia Territorial de Movilidad y Transportes o el Consejo Superior de Movilidad y Transportes Sostenibles, por ejemplo, pero también se implica de lleno a todo el tejido empresarial.
Si la Ley de Cambio Climático recogía que las ciudades de más de 50.000 habitantes tendrían que contar antes de 2023 con planes de movilidad urbana sostenible –incluyendo las conocidas zonas de bajas emisiones–, esta ley también incluye a las empresas. En concreto, todas aquellas empresas que tengan sedes con más de 500 empleados, más de 250 por turnos o que cuenten con grandes centros de trabajo. «Aún está por definir qué se considerará un gran centro de trabajo, pues vendrán guiados por el tamaño, pero las compañías deberán tener en cuenta cuántos trabajadores se desplazan en hora punta y cómo lo hacen y valorar la contaminación que producen, dándoles también medios para desplazarse de forma sostenible y segura», subraya Camino García-Moreno, directora de Sostenibilidad en el área de urbanismo e inmobiliario del bufete Barrilero y Asociados.
Para ella, este es uno de los puntos diferenciales de la nueva regulación, que también incluye un sandbox regulatorio para impulsar proyectos de movilidad sostenible, ponerlos a prueba e implantar aquellos que tengan beneficios sobre la ciudadanía. En cambio, la experta considera que esta nueva Ley aún tiene margen de mejora, sobre todo en el establecimiento de objetivos concretos de descarbonización. De hecho, esa es una de las principales críticas de ecologistas y otras organizaciones que están presentando enmiendas a la norma, como Ecodes, que a finales del mes de marzo llevó a la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana propuestas para elevar la ambición climática del texto. «A diferencia de otros organismos o de la legislación europea, la ley española no fija esos objetivos de descarbonización. Tampoco se menciona el ámbito rural y no se regulan otras alternativas de movilidad compartida, por ejemplo», señala García-Moreno como algunos de los puntos a pulir.
Con-ciencia para una sociedad en transformación
La ya mencionada falta de objetivos concretos, la polémica derivada del uso del gas natural, el escaso impulso del ferrocarril frente a la aviación en materia de transporte de mercancías, la ausencia de medidas para el ámbito rural o las pymes que constituyen el grueso del tejido empresarial español son algunos de los puntos problemáticos señalados por los grupos más activistas. ¿Su crítica principal? Una ley que peca de falta de ambición en el momento en el que la ciudadanía parece tenerla más que nunca.
En los últimos años, la movilidad se ha situado en una de las posiciones centrales del debate social y académico en torno al cambio climático, con cuestiones más técnicas como el peso del transporte en el cómputo total de emisiones, los combustibles fósiles o la vida de las baterías, pero también otras de carácter más antropológico como el lugar que ocupan el coche y el peatón en el entorno urbano o el modelo de propiedad de los vehículos.
«Llevamos décadas con políticas que favorecían el uso del automóvil en ciudades y con la concepción de que tener un coche en propiedad era un símbolo de éxito, pero eso ya está cambiando. Ahora los jóvenes se alejan de ese estándar y prefieren pagar por uso o por servicio. De ahí que surjan empresas como la nuestra», explica Pilar García, directora de Comunicación y Marketing de Zity, un servicio de carsharing eléctrico que, en solo seis años, ya cuenta con más de medio millón de usuarios activos solo en Madrid.
Como subraya García, una prueba del alcance potencial de este cambio de mentalidad queda de manifiesto precisamente en los propios usuarios: mientras al principio eran sobre todo early adopters entre 18 y 35 años, ahora el perfil mayoritario se encuentra entre los 35 y los 45 años, que son además los más fieles al servicio. «Vamos de la mano con los cambios e inquietudes que nos trasladan, para intentar adaptarnos al máximo a la realidad que nos rodea. Por ejemplo, hemos recibido feedback y peticiones que nos permitan adaptar nuestros servicios a las demandas de la pequeña y mediana empresa, para que ayuden a facilitar la movilidad a sus plantillas», cuenta.
Para ella, el próximo gran paso en materia de movilidad es la inversión decidida en materia de I+D+i, con recursos que permitan desarrollar nuevos sistemas como el transporte autónomo, un campo en el que ellos ya trabajan junto al Ayuntamiento de Madrid y la DGT. «En un corto plazo, la movilidad tendrá que ser compartida, multimodal, digital y sostenible», concluye.
El ámbito académico, en su concepción más amplia, tiene mucho que ver en cómo de rápida sea esa transformación a corto plazo, sobre todo en un momento en el que la ciencia y sus profesionales están situados en lo alto de la pirámide de la credibilidad tanto para los medios de comunicación como para la sociedad en su conjunto. Y, si les hacemos caso a ellos, la cuestión está bastante clara. Por ejemplo, según un estudio impulsado por la Universidad de Cornell (Estados Unidos), el 99,9% de los artículos científicos revisados por pares coinciden en que los seres humanos somos los causantes del cambio climático.
«Las cifras indican que no hay disenso entre la comunidad científica, pero sí que existe un ruido claro en la sociedad. Por eso, una de las mejores cosas que se pueden hacer contra el cambio climático es hablar de él», incide Alberto López Rosado, vicerrector de Investigación y Postgrado de la Universidad Francisco de Vitoria. Para él, esa conversación tiene que partir del conocimiento riguroso y el análisis. «La ciencia contribuye a descubrir verdades que dan soluciones a problemas complejos, como sucedió con la pandemia, que salen directamente de los laboratorios de las universidades. Entre todos tenemos que contribuir a que se escuche lo que dicen los científicos para que la sociedad pueda comprender por qué es necesario el Pacto Verde o por qué es crucial alcanzar los objetivos de descarbonización», insiste.
López Rosado es, además, el director de la cátedra en Movilidad Sostenible creada por la Universidad Francisco de Victoria en colaboración con Avanza con el objetivo de impulsar la investigación y divulgación en materia, sobre todo, de transporte público de viajeros. Un ejemplo de que el sector empresarial, además de tomar decisiones en su propia organización, también puede impulsar la movilidad sostenible desde el conocimiento académico. «Si las empresas salen al encuentro de las nuevas realidades con equilibrio y rigor, pueden contribuir a minimizar la polarización y el uso de la sostenibilidad como un arma arrojadiza. Para eso se necesita más que nunca la investigación, la innovación y la comunicación», afirma.
Tres empresas, tres realidades
Cada empresa es un mundo, pero todas pueden hacer su parte para descarbonizar la movilidad, independientemente de su tamaño, su alcance o su sector de actividad. En este primer encuentro, se dieron cita tres de ellas que, aunque muy diferentes entre sí, actúan en sus respectivos campos para impulsar nuevas formas de movernos.
Con casi 65.000 empleados, el caso de FCC es el ejemplo de una de esas grandes empresas que mantiene una preocupación constante por el servicio de Transporte Corporativo: casi 1.400 personas acuden a la sede central de la compañía, más el resto que se desplazan por diferentes puntos. «El año pasado realizamos 13.400 servicios de movilidad con nuestro Transporte Corporativo, y en un 85% fueron ya en vehículos eléctricos o híbridos», cifra José Luis Daza, responsable Vehículos y Combustible de FCC, que subraya la complejidad de tomar decisiones, pero el gran impacto que genera en cuestiones como la reducción de emisiones, y también en ámbitos como la gestión de residuos o la contaminación acústica de las ciudades.
Ellos, además de impulsar acuerdos en materia de transporte corporativo, también impulsan la colaboración con otros operadores para desarrollar nuevos biocombustibles, por ejemplo. Es el caso del proyecto Zeppelin, liderado por Aqualia –del Grupo FCC– y centrado en el desarrollo de nuevas tecnologías para la obtención de hidrógeno verde y el impulso de la sostenibilidad en la industria española. «Con él, se persigue desarrollar y valorizar materiales que llegan a nuestras instalaciones para producir estos nuevos combustibles, ayudando a impulsar la economía circular», ejemplifica Daza.
Los nuevos combustibles también están en el núcleo de la estrategia de GALP que, como tantas otras energéticas, lleva años embarcada en un proceso de transformación para trascender y evolucionar los carburantes fósiles que antes centraban su modelo de negocio. «El reto de la transición energética que ahora es tendencia nosotros llevamos trabajándolo mucho antes. Paulatinamente las petroleras nos hemos ido renovando en energéticas integradas y, por ejemplo, hemos transformado nuestra refinería de Sines (Portugal) en un Parque de Energía Verde para la producción a gran escala de biocombustibles avanzados y combustibles renovables. Consideramos el hidrógeno verde un vector básico para la descarbonización de sectores difíciles de electrificar y, por ello, estamos trabajando en la instalación de más de 700 MW de electrolizadores, a lo largo de esta década, para la conversión de hidrógeno gris a verde», apunta Ignacio de Prada, responsable de Movilidad Eléctrica de GALP España.
De hecho, en materia de movilidad, incide en la apuesta de la compañía sobre el territorio, transformando sus estaciones de servicio en Hubs, un espacio centrado en la movilidad y comodidad, aprovechando los avances y la ubicuidad de las nuevas tecnologías digitales. Para dar servicio al creciente parque de vehículos eléctricos, entre otros. «Antes de 2025, tendremos 10.000 puntos de recarga públicos en la península, poniendo especial foco en la carga ultrarrápida, siendo España un mercado crítico para garantizar dicho crecimiento», cuantifica.
Mientras las compañías avanzan en la electrificación de sus flotas y la ciudadanía lo pone cada vez más en la balanza en materia de consumo, la movilidad descarbonizada y neutra en emisiones es la propuesta de valor diferencial de Cabify. «Más allá del contexto legislativo, la realidad es que la sociedad lo demanda. Desde que nacimos, no hemos cambiado ni la visión que tenemos como compañía: las exigencias de las personas van por delante de las leyes, y ya han dejado claro que quieren una movilidad más sostenible, segura y tecnológica», subraya Adrián Pérez Marco, Sustainability Global Manager de Cabify.
Hace apenas unos días se convertían, además, en la primera app de multimovilidad con un objetivo Net-Zero validado por Science Based Targets Initiative. Su Estrategia de Negocio Sostenible 2022-2025 prevé alcanzar las cero emisiones antes de siete años, con decisiones que pasan, además de por la compensación por la que son reconocidos, por la reducción. «Nos centramos en no emitir antes que en compensar. Para eso, tenemos dos herramientas fundamentales: la tecnología, que nos permite, entre otras cosas, que sean los conductores más próximos los que se desplacen para optimizar los trayectos; y la electrificación del parque. Tres de cada cuatro de nuestros vehículos son eléctricos, y también damos la opción a los usuarios de que solo te recojan este tipo de transportes», explica. Para el experto, la comunicación de la sostenibilidad es un elemento diferencial. «Quienes trabajamos en ello sabemos que nuestra gran misión es convencer de que la sostenibilidad es un asunto de compañía, no de un departamento. Ahora la tarea es que nuestros líderes y socios tengan ese mismo objetivo», opina.
«Foros como este contribuyen a crear conversación y a que todos aprendamos qué es lo que hacen las empresas para impulsar la movilidad sostenible y, al mismo tiempo, tejer redes entre ellas. Seguir creciendo y aprendiendo es lo que nos permitirá alcanzar ese objetivo común», cerraba Sonsoles Martín-Garea, directora de Marketing Relacional, Comunicación Externa y RSC de ALD Automotive. Una manera de empezar a ensayar la coreografía de la movilidad sostenible… y esperar a que se haga viral.
